Titulares

viernes, 4 de agosto de 2017

”Destruir las proteciones del trabajo no crea empleos”


Entrevista a Emmanuel Dockès, profesor de derecho en la Universidad París Ouest Nanterre y especialista en Derecho del Trabajo

Reporterre


Las discusiones sobre la reforma del Código del Trabajo han comenzado el 10 de julio en la Asamblea Nacional. Los diputados tuvieron hasta el 17 de julio para adoptar el “Proyecto de ley de habilitación para adoptar por ordenanzas las medidas de reforzamiento del diálogo social”. El procedimiento acelerado debería permitir al gobierno firmar sus ordenanzas para otoño. La oposición se organiza. Francia Insumisa (France insoumise fue el nombre de la candidatura encabezada por J.L. Melenchon en las elecciones presidenciales de abril de 2017, ndt) organizó una concentración el miércoles el 12 de julio y el “Frente social” y sindical llamó a manifestarse el viernes siguiente.Para comprender este texto y la visión del trabajo que incorpora, Reporterre ha entrevistado a Emmanuel Dockès, profesor de derecho en la Universidad París Ouest Nanterre y especialista en Derecho del Trabajo. Ha coordinado el proyecto alternativo Propuesta de Código del Trabajo. Es también el autor de Voyage en misarchie, essai pour tout reconstruire (ed. del Détour).

Reporterre.¿Que piensa de la opción gubernamental de utilizar las ordenanzas para reformar el Código del Trabajo?

Emmanuel Dockès. Hay un problema desde hace muchos años: la acumulación de estratos sucesivos de textos que se acumulan al Código del Trabajo, formando una legislación pletórica de bastante mala calidad. La idea de aumentar la cantidad de textos vía ordenanzas garantiza mala calidad y un gran volumen.

¿Y qué piensa del método desde el punto de vista político?

Las señales enviadas son de bastante brutales. Por ejemplo, la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional votó por unanimidad un texto que no ha sido modificado ni una coma. Es alucinante, inusitado, ¡jamás se había visto cosa igual! Habitualmente, las y los diputados presentan enmiendas, se discuten y hay numerosas modificaciones. Actualmente, la mayoría comienza actuando como un ultra-rodillo. Son muestras de disciplina y de no negociación.

Análogamente, están previstas reuniones con las organizaciones sindicales, pero ninguna con el texto en mano de las ordenanzas. Van a ser redactadas en el mayor secreto por el Ministerio de Trabajo. Incluso han bloqueado los ordenadores, como si fuese una actividad secreta de defensa. Ello es la muestra de un golpe de fuerza.

¿Qué evoca el título del proyecto de ley, que anuncia “la mejora del diálogo social”?

Es un discurso para la galería. Como todo discurso publicitario, el mensaje va en sentido inverso del contenido. Se dice que quiere mejorar el diálogo social mientras que una serie de medidas van en su contra.

¿Por ejemplo?

Numerosas medidas refuerzan el poder del empresario, con el objetivo de que tenga menos obligaciones legales. Por ejemplo, el texto introduce la posibilidad para el empleador de obviar a las organizaciones sindicales mediante referéndum. Es un medio suplementario de presión mediante la amenaza de desautorizar a los sindicatos en la empresa. El gobierno quiere también reducir de forma drástica el número de representantes del personal y el número de informaciones que estarán a su disposición.

Actualmente, a nivel de sector, empleadores y asalariados pueden negociar convenios colectivos de obligado cumplimiento. Con las ordenanzas de Macron, salvo algunas excepciones, se les negará esa facultad. Quienes negocian a nivel de sector no podrán impedir que sus acuerdos sean invalidados empresa a empresa. Ello va a crear necesariamente una forma de dumping entre las empresas y podrá desestabilizar las profesiones.

¿Qué visión del trabajo expresa este proyecto del gobierno?

Su visión es que todos nos vamos a convertir todos en “freelanceurs” (independientes) muy competentes, muy dinámicos, muy flexibles, que cambian todo el tiempo de empleador y efectúan misiones puntuales y muy bien pagadas. Es una imagen mítica del trabajo, que corresponde a una fracción de la población extremadamente limitada. Pero esa representación aparece poco en este texto, salvo en las disposiciones relativas a la precariedad en el trabajo. Se simplifica el contrato de duración indefinida, se favorece la posibilidad de despedir.

Haciendo esto, el gobierno comete el error de repetir banalidades como es el que hay que dar confianza a los grandes dirigentes de empresa o de recursos humanos, como lo fue la Ministra de Trabajo. Esas personas gestionan a decenas de miles de personas asalariadas y mantienen un discurso creíble a primera vista: os dicen, “Yo tengo 50 000 asalariados a mis órdenes, yo sé bien por qué contrato y despido”.

El error es el siguiente: ese grupo social considera, de buena fe por otra parte, que sus intereses se corresponden con el interés general. Dicen, “si contratamos será bueno para la mayoría”. Sin embargo, los intereses de la gran patronal no coinciden forzosamente con el interés general. Globalmente, no se contrata pero los dividendos aumentan.

Así pues, ¿esa política no funciona?

No, ¡disponemos de montones de estudios que demuestran su ineficacia! Por ejemplo, cuando se destruye la protección al empleo, no se crea empleo. Al contrario, ello aumenta un poco el desempleo. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) publicó un estudio sobre 111 países que desarrollaron políticas para facilitar el despido. El estudio concluye que cuando se destruyen las garantías contra el despido tiene lugar un ligero aumento del desempleo.

Se pueden presentar este tipo de documentos a quienes toman esas decisiones, pero no hacen caso. ¡Su razonamiento banal es más fuerte que los estudios científicos!

¿Por qué se sigue esta lógica desde hace treinta años?

La matriz de las ordenanzas que se preparan se basa en la idea de que es necesario que el trabajo sea más flexible y que los convenios colectivos de empresa sustituyan a la obligaciones legales. Esas dos ideas han sido desarrolladas, teorizadas y reivindicadas por el CNPF (Consejo Nacional de la patronal francesa, precursor del Medef –patronal francesa creada en 1998, ndt-). La ley Seguin, en 1986, fue la primera gran ley de implementación de este programa. Después se han aprobado una cincuentena de leyes; todas ellas en el mismo sentido. Las ordenanzas Macron no son originales. Son un programa que se ha podido verificar cincuenta veces: no ha creado empleos.

En sentido inverso, junto a un colectivo de juristas proponéis un Código de Trabajo simplificado, cuatro veces más reducido que el actual y protector. ¿Cómo conciliar los dos aspectos?

Actualmente, el Derecho del Trabajo es tan espeso y complejo que nadie es capaz de conocerlo, lo que plantea un verdadero problema democrático. Nosotros hemos querido crear protección mediante la simplicidad.

Se parte de una idea a contracorriente, que es que todos los niveles del derecho son importantes: internacional, constitucional, legal, convenio de sector, de empresa y contratos individuales. Por ejemplo, se desea mantener el carácter obligatorio de la ley sobre las cinco semanas de vacaciones pagadas, el salario mínimo, los horarios máximos de trabajo, etc. Eso es crucial, ya que si todo se decide a nivel la empresa, van a aumentar las desigualdades y el número de gente trabajadora pobre. Eso es lo más significativo que ha pasado en el Reino Unido o en Alemania tras la destrucción de los derechos sociales. Ahora hay más de un quinto, incluso un cuarto, de gente asalariada que es pobre, mientras que en Francia la tasa es del orden del 8 %.

En el mundo de la ecología, una idea defendida a menudo es la de la reducción del tiempo de trabajo, especialmente para un mejor reparto del trabajo. ¿Qué dice sobre ello vuestro Código de Trabajo alternativo?

Macron persigue la idea de trabajar más, especialmente a través de la desfiscalización de las horas extraordinarias. Supone una incitación a concentrar el trabajo sobre unos, aunque sea quitándoselo a otros. Este dispositivo será a la vez destructor de empleo pero también productor de sobrecarga para quienes tengan la suerte de tener uno. Sin embargo, en una época que ve incrementar la robotización, la reducción y el reparto del tiempo de trabajo son la única solución si se quiere evitar una fractura social en diez años. Porque compartir el tiempo de trabajo es también compartir el tiempo libre. Un tiempo que permite cualquier tipo de actividad indispensable para la sociedad: asociativa, militante, familiar, educativa, artística, de economía gratuita, como Wikipedia... Así pues, conviene: (1) acordar más tiempo libre para todos y todas de forma que puedan participar en actividades del tiempo libre; y (2) proteger el tiempo libre.

Actualmente se han multiplicado los casos en los que el empleador puede anticipar el tiempo libre de sus asalariados, sin que ellos puedan rechazarlo. Se cambian los horarios con plazos de preaviso cada vez más cortos, lo que destruye toda posibilidad de organizar el tiempo libre. No se tiene la posibilidad de programar una asamblea general de asociación o una barbacoa en familia. Así pues, la flexibilidad del tiempo de trabajo es también un empobrecimiento muy profundo de la sociedad. Por ello en nuestra propuesta de Código del Trabajo se ponen en marcha dispositivos que permitan la previsibilidad del tiempo libre.

¿Y para la reducción del tiempo de trabajo?

Actualmente mucha gente no tiene empleo: quienes no encuentran trabajo, la gente mayor que deja de trabajar pronto, las mujeres en el hogar, etc. Si se considera que todo el mundo trabaje un poco, os daréis cuenta que incluso sin disminuir el número total de horas trabajadas, éstas se pueden reducir, aproximadamente, a 16-20 horas por persona y semana. Si se pone en práctica un sistema en el que las primeras horas estén mejor remuneradas que las siguientes y las siguientes más tasadas que las precedentes, obtendremos una reducción masiva del tiempo de trabajo. Ello permitiría dar solución al desempleo y reforzar la igualdad.

Una propuesta que ha provocado debate durante la campaña presidencial es el ingreso universal ¿Qué pensáis sobre ello?

El ingreso universal es factible desde un punto de vista práctico y yo encuentro que tiene muchos aspectos simpáticos: una relación diferente con el tiempo libre, la liberación de la obligación de trabajar para vivir, etc. Pero estoy opuesto al ingreso universal porque si se crea, se van a ver rápidamente dos categorías de personas: las que ejercen actividades productivas, lucrativas, remuneradas. Y las que no las ejercen y obtienen sus ingresos del ingreso universal. La primera categoría se encontrará en posición de fuerza en relación con la segunda, ya que realizará las funciones económicas mejor valoradas financieramente. El resultado es que habrá una categoría de población con una capacidad mayor de incordio, por ejemplo si acude a la huelga.

En las teorías del ingreso universal todo el mundo es simpático. Sin embargo, a mi entender la naturaleza humana es tal que cuando unos tienen más poder que otros están inclinados a abusar del mismo. Los fuertes van a aplastar a los débiles, van a decir que los que no tienen actividad lucrativa son holgazanes, viven de la asistencia, etc. Y los que se hayan acostumbrado a vivir con el ingreso universal estarán reducidos a un estado de relativa miseria.





Traducción: viento sur




https://www.rebelion.org/noticia.php?id=229894


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