Panamá: Los “pinchazos y la extradición de Martinelli - Antiimperialista

Titulares

sábado, 17 de junio de 2017

Panamá: Los “pinchazos y la extradición de Martinelli



Sigue el show

A raíz de la detención en Miami del ex Presidente Ricardo Martinelli como resultado de una Alerta Roja de la Interpol solicitada por el Gobierno panameño por las acusaciones que pesan sobre él por el caso de los llamados ¨pinchazos”, han salido a relucir nueva conjeturas en esta larga y tediosa “telenovela”.

Las amenazas que profieren los allegados de Martinelli de publicitar todas las informaciones que se tengan de sus adversarios, confirman que los gobernantes hacen del recurso del espionaje un arma de chantaje contra sus opositores para garantizar posteriormente impunidad.

De ser ciertas, al igual cómo corresponde con Martinelli, estas informaciones deben ser investigadas sea quién sea el personaje implicado.

Vale la ocasión para reiterar lo que hemos venido señalando, que todos los responsables de la comisión de delitos deben ir ante los tribunales de justicia independiente del gobierno o del partido político al que pertenezca.

De lo contrario, la justicia estaría mirando para un solo lado y toda información solo sería para festinar, alimentar el morbo y seguir con un show que además de provocar mayor zozobra e intranquilidad, desvía la atención de los problemas fundamentales de la población

¿Martinelli fue el único que “pinchó”?

Por supuesto que no. Desde prácticamente el surgimiento de la llamada República tutelada por Washington esto ha sido la norma de los gobiernos, no la excepción.

En 1913, se constituyó la llamada Policía Secreta que debía cumplir misiones de investigación y recabar información. Ya para el año 1941, bajo el corto mandato de Arnulfo Arias, se promulgó la Ley 72 del 18 de junio, donde este organismo se convierte en Policía Secreta Nacional, bajo la dirección inmediata y directa del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Esta institución se mantuvo, pese a que Arias fue derrocado, pues servía para los propósitos del gobernante de turno, ya que la creación de organismos de esta naturaleza, los que se aducen se constituyen para realizar labores de inteligencia y contrainteligencia en función de prevenir el crimen, el terrorismo etc., su estructura, personal y recursos se utilizan para vigilar y perseguir a los adversarios políticos y, particularmente, a los luchadores sociales que se consideran una amenaza al sistema, al status quo o a los intereses imperialistas en la región.

Por ello, hasta nuestro días, el Ministro de Gobierno y hoy el Ministro de Seguridad, tienen que tener el consentimiento de Estados Unidos, que veta al elegido sino es de su predilección.

La institución creada por Arnulfo Arias se amoldó los años siguientes a la política del macartismo durante la llamada Guerra Fría, donde se desató una cacería de brujas mediante una furibunda campaña contra todo aquel que, con o sin fundamento, era acusado de comunista.

En 1960, un año después del alzamiento armado de Cerro Tute, gesta gloriosa de la juventud, se crea el Departamento Nacional de Investigaciones, (DENI) con el objetivo de realizar investigaciones sobre hechos delictivos y desarrollar tareas de espionaje contra todo aquel que se consideraba una amenaza al “sistema democrático”.

Fue al inicio de esa década cuando se atentó y asesinó, el 11 de junio de 1961 al líder de la Gesta del Tute, Polidoro Pinzón, de solo 22 años; el 24 de octubre de 1963 se torturó y ultimó al joven dirigente sindical de las bananeras de 24 años, Rodolfo Aguilar Delgado (hecho perpetrado por el agente Ricardo “Orejita” Ruíz, luego guarda espaldas de Omar Torrijos), y se asesinó al joven combatiente de la gesta de Enero de 1964, el colonense de 21 años, Juan Navas Pájaro, el 1 de junio de 1966.

De hecho a los dirigentes más connotados de la jornada heroica del 9 de Enero se les perseguía y vigilaba sistemáticamente, entre ellos al destacado dirigente patriótico y revolucionario, Floyd Britton, y con mayor fuerza luego de los eventos de la Tricontinental y OLAS que se celebraron en La Habana, Cuba, bajo el influjo de la revolución cubana y sus dirigentes Fidel y el Che. No es casual que Floyd fuera el primer detenido del golpe militar de Omar Torrijos en 1968 y poco más de un año después, torturado y asesinado en la Isla penal de Coiba.

La dictadura militar

La dictadura militar se ensañó en un inicio de modo especial con los combatientes del Movimiento de Liberación Nacional 29 de Noviembre (MLN-29), fusión del Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) y Vanguardia de Acción Nacional (VAN), que se alzaron en armas luego del arresto de Floyd Britton, comandados por Federico Britton, hermano de Floyd. Con el apoyo en inteligencia, contrainteligencia, armas y operaciones militares del Comando Sur y la CIA se aplastó la resistencia armada. La consigna al aparecer era no dejar vivo a ningún combatiente. Varios fueron fusilados luego de ser capturados o estar prácticamente en desventaja. Caen Encarnación González y sus hijos Félix y Elías González Santizo; otros como Chicho Cubas. Herbert Quintanar, Alcibiades Bethancourt, Belisario Gante, Teodorio Palacios, también son abatidos. Son más de 100 desaparecidos y asesinados en la era de los militares, entre ellos, José del Carmen Tuñón, Héctor Gallego y Jorge Camacho.

Varios combatientes debieron partir al exilio a diferentes ciudades, especialmente en México, donde también el G-2 de Noriega le daba seguimiento. Igualmente, a su retorno al país, no solo a ellos sino a revolucionarios de otras latitudes.

Durante la dictadura se mantuvo el DENI bajo la jefatura de Domitilo Córdoba y se creó el ya mencionado y tenebroso G-2 con el control de Manuel Antonio Noriega, organismo que venía a cumplir las tareas de espionaje, persecución y aniquilamiento de los opositores.

Fueron 21 años de férrea dictadura. Noriega, además de agente de la CIA, Noriega contó con el apoyo de la Mosad, organismo de espionaje israelí, especialmente del que fuera su segundo al mando, Mike Harari, quien dirigió el asesinato en el extranjero de varios líderes palestinos. Harari vino a Panamá de la mano de Omar Torrijos a quien conoció cuando éste viajó a Israel, luego de la firma de los tratados canaleros en 1977, para rubricar un acuerdo de colaboración en materia de defensa y entrenamiento de las fuerzas especiales panameñas. Harari, luego de la muerte de Torrijos, se involucró en la organización de la Unidad Especial Antiterror (UESAT) y participó en la operación Irán Contras, una de las tareas asignadas por la CIA a Noriega.

Harari también era conocido como el hombre 60%, por el porcentaje que le cobraba como extorsión a los empresarios que deseaban hacer negocios en Panamá y donde se favorecía de modo particular a inversionistas judíos. Todavía está por comprobarse la relación que tuvo Harari con la influyente comunidad judía en Panamá, de modo particular, con los directivos de los bancos Multibank y Credicorp, envueltos en el escándalo Odebrecht y otros.

Paradójicamente hoy, los grandes medios de comunicación ceden espacios para hablar de los pinchazos de Martinelli a dirigentes del brazo político de la dictadura, el PRD, como Balbina Herrera y Mitchell Doens, muy cercanos a Noriega.

Harari, como agente de la Mosad, siempre mantuvo vínculos con la CIA, y logró obtener información de la invasión seis horas antes de que se produjera, lo que le permitió fugarse a Israel.

De seguro esas informaciones logradas durante a dictadura reposan en las 15 mil cajas que se llevaron los gringos tras la invasión.

Gobierno de Guillermo Endara

Luego de la invasión militar del 20 de diciembre de 1989, Guillermo Endara crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional vigente hasta ahora, y sustituye el DENI por la Policía Técnica Judicial (PTJ), adscrito al Ministerio Público.

El Ministro de Gobierno y Justicia fue Ricardo Arias Calderón. Se adquirieron equipos para escuchas telefónicas y se recibía asesoramiento de las tropas invasoras.

El Consejo de Seguridad se creó con el propósito de documentar al presidente de amenazas de terrorismo o contra los cimientos jurídicos del Estado panameño. En verdad era para espiar a todo aquel que se opusiera a la ocupación yanqui.

Tras la expulsión del gobierno de la Democracia Cristiana, Endara acusó a Arias Calderón y su partido de espiarlo. Los equipos adquiridos desaparecieron y se acusó de esta pérdida a la Democracia Cristiana, hoy Partido Popular aliado a Varela.

Gobierno de Ernesto Pérez Balladares

El primer gobierno PRD después de la invasión pretendió crear el Centro Multilateral Antidrogas (CMA) que no era otra cosa que mantener la presencia militar norteamericana mediante una base militar, antes de la salida acordada de las tropas yanquis para el 31 de diciembre de 1999, al mediodía.

Fueron muchas las acusaciones de espionaje por parte de los movimientos sociales, principalmente durante la coyuntura de lucha contra las reformas al Código de Trabajo, donde fueron asesinados cuatro obreros y cientos fueron heridos y detenidos.

Pérez Balladares se rodeó de muchos ex colaboradores de la dictadura militar quienes, al igual que él, rindieron pleitesías a los ex jefes militares.

El procurador de aquel entonces, José Antonio Sossa, fue acusado de espionaje telefónico. Es conocido el caso del abogado Santander Tristán, que demandó al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violación a la intimidad, entre otras cosas.

Gobierno de Mireya Moscoso

Este gobierno y sus jefes policiales, mantuvieron estrecha relación con terroristas de origen cubano apoyados por la CIA (recordar caso de Posada Carriles) y fueron acusados de trasiegos de armas.

En la coyuntura de lucha contra las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social fue arrestado el dirigente del SUNTRACS y FRENADESO, Saúl Méndez. El jefe de la PTJ de aquél entonces. Rodolfo Aguilera, reconoció públicamente que el teléfono de Saúl Méndez había sido pinchado para obtener información acerca de sus supuestos nexos con la guerrilla colombiana de las FARC.

Como era de esperarse, nunca tales acusaciones que pusieron en peligro la vida del luchador social fueron comprobadas. No eran más que un arma de chantaje.

Gobierno de Martín Torrijos

Al igual que su sucesor, las revelaciones de los cables wikileaks mostraban la obsesión del Presidente y Secretario General del PRD de espiar a los dirigentes populares y sus posibles conexiones con el gobierno de Hugo Chávez.

Tres obreros fueron asesinados por el Gobierno PRD como demostración de la saña contra el SUNTRACS, particularmente, y su intento por destruir la principal organización sindical de Panamá y la región.

Tal era la fijación de Martín Torrijos en estas tareas de espionaje que contrató al agente español Julio López Borrero, condenado en España por espiar hasta al Rey Juan Carlos.

Al igual que ocurrió en el gobierno de Guillermo Endara, los equipos adquiridos para tales fines, con inversión de casi un millón de dólares, desaparecieron.

Torrijos convirtió la PTJ en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que retornó al control de la policía gracias a que militares de la época de Noriega volvieron a ocupar cargos importantes en el Gobierno como Daniel Delgado Diamante y Severino Mejía.

En el Gobierno de Martín Torrijos también se produce el caso de los pinchazos ilegales ordenado por la ex Procuradora y hoy diputada “independiente”, Ana Matilde Gómez, contra Arquímedes Sáez, ex Fiscal. El caso sirvió de base para un caso en la Corte Suprema de Justicia armado por Martinelli, Jimmy Papadimitriu y Juan Carlos Varela (Vicepresidente) donde el 11 de agosto de 2010, en el Gobierno conjunto Martinelli-Varela, Gómez fue destituida de su cargo y condenada a seis meses de prisión, pena reemplazada por el pago de 4 mil dólares (40 días multa).

Gobierno de Ricardo Martinelli

Martinelli también se hizo acompañar de ex colaboradores de Noriega como Gustavo Pérez, José Hilario Trujillo y Jaime Trujillo.

Ricardo Martinelli, en proceso de extradición por los pinchazos, fue seguramente, el presidente que más invirtió en equipos de escucha telefónicas (unos 20 millones de dólares).

Estas inversiones se hicieron durante el gobierno conjunto con los panameñistas, siendo el actual presidente, Juan Carlos Varela, el vicepresidente y canciller.

De acuerdo a Wikileaks, la embajadora gringa informó de las presiones y desesperación de Ricardo Martinelli para que el programa Matador utilizado para espiar a implicados en el narcotráfico, se le concediera para espiar a opositores, especialmente del movimiento popular.

Ante la negativa gringa, Martinelli recurrió a la Mosad israelí. Incluso llegó a exhibirse aquí con varios agentes de ese organismo de inteligencia. Casi todos los gobiernos han solicitado este tipo de apoyo a Israel, dado el fuerte poder económico y la influencia política que ejerce la comunidad judía en Panamá.

A semejanza de otros gobiernos los equipos desaparecieron, pero a la llegada al gobierno de su ex aliado, Juan Carlos Varela, Martinelli dejó abundantes pruebas, recopiladas por el actual Consejo de Seguridad Nacional, de los pinchazos que efectuó contra sus enemigos políticos, incluido material íntimo, por lo cual hoy se gestiona su extradición a Panamá.

Gobierno de Juan Carlos Varela

En este gobierno el principal organismo de espionaje, el Consejo de Seguridad Nacional ejerce un papel fundamental. Tan es así que su jefe, Rolando López alias “Picuiro” fue beneficiado con una costosa operación estética cubierta con los fondos de la llamada partida discrecional que maneja el Presidente.

El Consejo de Seguridad Nacional es acusado de armar expedientes judiciales contra opositores, los cuales son filtrados en medios de comunicación

Además Varela, mediante Decreto Ejecutivo 219 de 5 de abril de 2019, creó el denominado Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA) que tiene entre sus funciones:

“Mantener informado al Presidente de la República de los casos de corrupción y delincuencia organizada a través del Secretario del Consejo de Seguridad Nacional”.

“Realizar las tareas de inteligencia, planeamientos, búsqueda, procesamiento y divulgación de la información para prevenir las amenazas relacionadas a indicadores de corrupción y delincuencia organizada”.

Como se observa, al igual que otras leyes y decretos que se han aprobado en el pasado, no se habla de espiar a adversarios ni a potenciales enemigos políticos ni a grupos que se consideren “antidemocráticos”, pero al final esto es lo que se hace.

Una larga historia de pinchazos y espionaje

Desde los albores de la separación de Panamá de Colombia, se inició este proceso de espionaje por los gobiernos contra todo aquel considerado enemigo.

No solo se ha violado la intimidad sino que más grave aún la información recabada ha servido para perseguir y asesinar a panameños, especialmente integrantes de organizaciones populares.

En los últimos tiempos, para esta labor de espionaje, los gobiernos no solo han contado con el apoyo de los organismos de seguridad de Estados Unidos, como la CIA o DEA y los sofisticados equipos de la propia Embajada gringa, o de la agencia israelí (Mosad), sino también con el respaldo de las distintas compañías telefónicas que operan en el país.

Sobre la base de estas informaciones, muchas veces falsas o media verdades, se arman expedientes amañados y en ocasiones los propietarios de dueños de comunicación son invitados a reuniones donde se decide censurar o montar cercos informativos contra las organizaciones populares en lucha, como ocurre en la actualidad, so pretexto de que constituyen una amenaza para el establishment.

Nada indica, en relación con los movimientos populares, que en este gobierno sus dirigentes no sean víctimas de asedio y espionajes telefónicos. Se sabe, además, que el mencionado Consejo de Seguridad Nacional recibe asesoramiento de ex militares de la época de la dictadura, que aún siguen actuando como un cuerpo unificado y algunos han ocupado cargos de comisionados de la policía en distintos gobiernos.

Uno de los acusados en el tema de los “pinchazos”, con alerta roja de la Interpol y hoy desaparecido, el ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional en el Gobierno Martinelli-Varela, Rony Rodríguez, en declaración jurada señaló: “que participó en actividades de inteligencia como seguimiento de marchas y protestas, identificación de sus líderes, la magnitud de las mismas y su destino. Esta información era compartida con la Policía Nacional, el Senan, el Senafront y Migración, todo como parte de una metodología que viene desde el gobierno de Guillermo Endara”.

Agregó Rodríguez “que en estos trabajos se contó con la ‘enorme’ colaboración de organismos de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Colombia, Taiwán y España, además de que eran coordinadas con Rolando López y Omar Pinzón, y otros funcionarios. (Crítica, 14 de junio de 2017)

María del Pilar Hurtado

El caso de la colombiana, María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo dejamos de último porque resulta emblemático y de mucha trascendencia en el momento actual.

Hurtado fue acusada en su país, al igual que Martinelli, de pinchar llamadas telefónicas contra opositores, magistrados y otros funcionarios y políticos durante los períodos presidenciales de Álvaro Uribe, muy querido en Panamá por grupos empresariales que, como APEDE, lo invitan frecuentemente como conferencista (¿doble moral?).

Resulta que en noviembre de 2010, durante el gobierno de Martinelli-Varela, María del Pilar Hurtado, recibió refugio en nuestro país en calidad de asilo político, en un acto violatorio a la Constitución Política como lo decretó posteriormente la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La resolución que concedió el asilo político fue firmada nada menos por el vicecanciller en ese entonces. Álvaro Alemán Healy, hoy ministro de la Presidencia. El canciller y vicepresidente era Juan Carlos Varela.

Informaciones en medios internacionales dieron cuenta que Pilar Hurtado siguió en Panamá desarrollando trabajos de espionaje. El vicepresidente de Venezuela en esos años, José Vicente Rangel, aseguró que trabajaba en un negocio de seguridad portuaria.

La historia se sabe. Contra Hurtado se giró alerta roja de Interpol y dado el fallo de la CSJ y las presiones del presidente colombiano Juan Manuel Santos, Hurtado fue extraditada a Colombia donde por los pinchazos se le condenó a 14 años de prisión.

Eso fue en 2014, ya con el nuevo gobierno de Varela, que hasta lo último defendió a su protegida y asilada, el ahora ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, la defendió a ultranza a pesar de ser la más buscada en Colombia. Con la arrogancia que lo caracteriza, llegó a manifestar que “María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, es tema de Colombia y no de Panamá, y que no les consta que ella estuviera detrás de las chuzadas (pinchazos)”.

Qué diríamos, siguiendo esa misma lógica. si Trump y el Departamento de Estado respondiera finalmente a Varela: “Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá, es tema de Panamá y no de Estados Unidos, y no nos consta que estuviera detrás de los pinchazos”.



Martinelli debe comparecer ante los tribunales para deslindar su responsabilidad en el tema de los pinchazos y esperamos que se haga justicia, al igual que en el caso de otros personajes que, en otros gobiernos, actuaron de la misma manera y hoy están pasando agachados, no solo en este tema, sino en otros como el escándalo Odebrecht, por ejemplo.

http://kaosenlared.net/panama-los-pinchazos-la-extradicion-martinelli/


Antimperialista publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato

No hay comentarios.:

Publicar un comentario