Lucro y encierro - Antiimperialista

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miércoles, 28 de junio de 2017

Lucro y encierro


Problemas y perspectivas de la cárcel PPP en Uruguay

Caras y Caretas


En setiembre de este año se espera inaugurar la primera prisión regida por la Ley de Contratos de Participación Público Privada de 2011. Varios expertos discutieron en la Udelar lo que inicialmente parece una contradicción para un sistema que pretende reducir la sobrepoblación carcelaria.

Uruguay es el país de América Latina que tiene más presos por habitante. La población carcelaria no deja de crecer desde 2006, llegándose a la cifra récord de 11.103 reclusos en 2017, según el informe Privación de libertad y reinserción social en Uruguay, elaborado por el excomisionado de cárceles, Álvaro Garcé, Lucía Casal, Carlos Díaz y Lucía Donnangelo. Según este texto, “las cárceles uruguayas no habilitan ni rehabilitan” debido a cuestiones como el hacinamiento crítico, el ocio compulsivo y los niveles de violencia sin precedentes que se han registrado durante los últimos años. 

Los autores indican que estas situaciones son especialmente visibles en los centros de encierro masivo, en los que existe consenso mundial al catalogarlos como los más violentos, en la medida en que son más difíciles de controlar y de gestionar. De hecho, 70 por ciento de las muertes de reclusos en Uruguay durante el pasado año se produjo en la cárcel de Santiago Vázquez (donde habitaban 3.888 reclusos en un sitio que tenía un máximo de 2.540 plazas en junio de 2016) o en el Penal de Libertad (con más de 1.300 presos en 1.149 plazas). Ante esta situación, el gobierno opta por introducir el negocio privado en el sector carcelario, una iniciativa que se empezó a poner en práctica en Estados Unidos durante la administración Reagan y que tanto en este país como en Chile o México ha resultado en el aumento del número de presos y en el recrudecimiento del sistema punitivo. Además, el proyecto del gobierno consiste nada menos que en la construcción de una megaprisión con 2.000 plazas, dotada de un alto contenido tecnológico.

Se trata de la primera prisión que se regirá por la Ley de Contratos de Participación Público Privada (PPP) promulgada en 2011, por la cual la realización de obras de infraestructura y la prestación de servicios se deja en manos de empresarios. El proyecto conlleva una inversión de alrededor de 120 millones de dólares a cargo del consorcio Sociedad Anónima Punta Rieles, el cual está integrado por las firmas Teyma e Inabensa (filiales de la multinacional de origen español Abengoa) y la uruguaya Goddard Catering Group. Este grupo se encargará de los servicios de alimentación, limpieza y lavandería de la nueva prisión durante el período de 27 años y medio que habilita el contrato.

Durante este tiempo, el Estado uruguayo abonará al consorcio alrededor de 670 pesos diarios por recluso. Esto implica que, estando la cárcel llena, el Estado pagará un monto estimado de 18 millones de dólares por año, lo que durante el período habilitado por el contrato equivale a un total de 500 millones de dólares. Desde las visiones más optimistas se destaca que la administración central se ahorrará más de 20 millones de dólares construyendo este proyecto vía PPP en comparación con la vía tradicional. Además, se destaca que se pagará por una instalación con determinados estándares de calidad que el privado deberá garantizar para recibir la remuneración acordada. En caso de no cumplir con la calidad acordada, se realizarán reducciones de precio, pudiéndose llegar al pago cero si se llega a un incumplimiento extremo por parte del consorcio. En este sentido, los favorables a la cárcel PPP sostienen que, mediante el pago de un precio fijo, el Estado se desprende de los riesgos económicos que implica la construcción y el mantenimiento de la megaprisión, para dedicar todos sus esfuerzos a los aspectos de gestión, salud, educación y seguridad.

Problemas del negocio de las cárceles

Sin embargo, esta visión presenta abundantes problemas derivados de la llegada del lucro a un entorno tan delicado, históricamente gestionado por el Estado, como es el sistema punitivo. Algunos de ellos fueron presentados en la charla "¿Qué implica introducir la lógica empresarial en la gestión de centros de privación de libertad?", celebrada el miércoles 14 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar). En ella participaron el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, el sociólogo Rafael Paternain, la psicóloga especializada en personas privadas de libertad María Ana Follé y el integrante del Servicio de Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) Mauro Tomasini.

Paternain cuestionó el proyecto en la medida en que se enmarca en una tendencia “avasalladora” de privatización del sistema de seguridad en su conjunto, que está derivando en un crecimiento sin precedentes del “mercado de la seguridad”. Para él la mezcla de la cárcel como instrumento de incapacitación de los sujetos y la cárcel como instrumento de negocio no da perspectivas auspiciosas, ya que garantiza en forma unívoca que se siga abonando la lógica de seguridad basada en lo punitivo, con las consecuencias denunciadas en informes como el citado al principio de esta nota.

En este sentido, el sociólogo señaló que la tendencia a la privatización agudiza este proceso en la medida en que “focaliza al privado de libertad como una mercancía”. Es decir, un sujeto pasa de tener cero valor para el sistema socioeconómico dominante a obtener un estatus de revalorización económica. El preso se convierte, según él, en “un extraño consumidor sin autonomía” de los nuevos servicios que brindará la cárcel PPP. Esto implica que va a haber una necesidad agregada de mantener llenas estas “prisiones-negocio” para conservar la tasa de ganancia de los empresarios que lucran con ellas. De hecho, Paternain destacó que con este modelo el hacinamiento se convierte en una nueva fuente de beneficio para el privado, ya que el Estado va a pagar sobrecostos en concepto de penalizaciones cuando los presos superen el número de plazas habilitadas en el bloque.

“Esto es como las tarjetas de crédito, que ganan justamente con los atrasos de los clientes. Y acá, la posibilidad cierta de que se sobrepase esa frontera va a hacer que el hacinamiento sea un excelente negocio para el administrador, quien seguramente encuentre sus maneras de promoverlo”, explicó el experto. En este sentido, en la experiencia chilena de inserción de negocios privados en las cárceles se observó que en prácticamente todos los casos hubo pagos en materia de sobrecostos por hacinamiento. Por otro lado, Paternain señaló que la cárcel se inaugurará al mismo tiempo que el nuevo Código Penal, en el cual se presupone que habrá un uso menos abusivo de la privación preventiva de libertad en aras de reducir la tendencia a la encarcelación masiva. No obstante, el analista se mantuvo escéptico ante la nueva medida.

Por otro lado, el comisionado parlamentario para las cárceles declaró que la presencia de lo privado no siempre anula la acción del Estado en una institución. “No nos cerremos de entrada a esto nuevo, ya que ha habido un esfuerzo y una inversión; tratemos de que funcione de la mejor manera posible”. No obstante, para Petit hay cuestiones que de entrada generan perspectivas dudosas, empezando porque se trata de una cárcel de gran tamaño. “Las normas internacionales y el propio sentido común indican que es bueno tener cárceles pequeñas, manejables, en las que los presos no caigan en el anonimato y puedan tener un trato humano y más individualizado”, señaló. Según él, la cárcel debe ser parte del programa educativo de un país.

Por otro lado, el experto agregó que este tipo de prisiones PPP plantean problemas de autoridad y competencias entre los trabajadores privados y los funcionarios públicos. En este sentido, este es uno de los tantos interrogantes que citó Petit acerca del nuevo proyecto. Tampoco se sabe nada de cómo será el funcionamiento interno en el día a día. “El preso no es como un estudiante que está en un campus universitario yéndose a dormir tranquilo, el preso duerme angustiado, preocupado por lo que vivió, por lo que puede estar pasando afuera, por las novedades judiciales que recibió. Entonces, como todos nosotros cuando estamos agitados, va a querer fumar, tomar mate o ver televisión”. La gestión de este tipo de cuestiones cotidianas fue señalada por Petit como parte de los dilemas que hay que tener en cuenta al crear un modelo nuevo como el que se va a implementar.

Para Mauro Tomasini, sin embargo, “discutir las PPP es discutir una agenda conservadora” que nos aleja del debate acerca de cuestiones trascendentales, como el propio sentido del sistema carcelario actual o la disminución de la población reclusa mediante la reducción de penas para delitos menores en caso de hacinamiento. “Este modelo de PPP está vinculado con el pago, con la videovigilancia y con toda la serie de restricciones que tienen las políticas sociales, que son básicamente restringidas por el mismo Estado que desarrolla políticas policiales”, declaró el integrante del Serpaj. El ponente planteó que, internándose en este tipo de proyectos, Uruguay vivirá en cuestión de tres o cuatro años una explosión carcelaria. Por otro lado, Tomasini entiende que es una mala idea construir esta cárcel de 2.000 presos, con una lógica vertical de separación, al lado de una prisión como la de Punta de Rieles, que “mínimamente funciona bien”.

Tras toda su experiencia en el tratamiento con personas privadas de libertad, el experto afirma que aún no entiende el sentido del sistema carcelario, cuáles son sus objetivos, ni qué se pretende lograr con él, ya que cada nuevo estudio que se realiza coincide en afirmar que la cárcel genera incapacidad, subalternidad y, en definitiva, incapacita más al sujeto que se interna en el sistema de reclusión.

Por otro lado, María Ana Follé se centró en denunciar las carencias de los presos que viven actualmente el sistema punitivo nacional, exigiendo al Estado responsabilidad por los 36 reclusos que murieron el pasado año. “No hay un planteo serio. No hay acompañamiento posterior a la libertad del sujeto, no se sabe cómo se trabaja dentro de la cárcel, no hay abordaje ni intervención. Antes de hablar de una nueva cárcel y cómo va a operar, es necesario definir esto”, declaró. Para ella, los trabajos científicos, acerca de la incursión de las PPP en las cárceles estadounidenses y chilenas, coinciden en que “es difícil que un emprendimiento privado pueda cumplir con las funciones debidas”. “Me parece que no podemos dejar de subrayar que se va a abrir una cárcel público privada en medio de un contexto de neoliberalismo muy complejo, porque es un neoliberalismo gestionado desde un gobierno progresista”, concluyó.








https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228481


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