Titulares

martes, 16 de mayo de 2017

Carta abierta a la Cámara de Comercio de España en Guatemala



Infolibre



En febrero, cientos de indígenas quekchí se manifestaron ante la Embajada de España en Ciudad de Guatemala para exigir la paralización de la obra de la hidroeléctrica Renace. La construye ACS (Grupo Cobra), presidida por el conocido empresario español Florentino Pérez, para una empresa guatemalteca. Los queckhí protestaban tras muchos y prolongados incidentes en el accidentado proceso de Renace, caso en el que se han documentado no sólo incumplimientos de la legislación vigente en materia de consulta a las comunidades indígenas, sino violaciones de los derechos humanos y ambientales. Poco tiempo después, la Cámara de Comercio de España en Guatemala ha hecho público un comunicado en el que, entre otras cosas, y de manera expresa:

1. Asegura que existe un “plan para impedir cualquier inversión que se efectúe en temas de generación de energía eléctrica, infraestructura, inversiones mineras y otros”. 2. Denuncia que las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca en los casos Oxec I y II (otra obra similar en el mismo río) ponen en peligro la matriz energética guatemalteca y los intereses de sus inversionistas, llegando a sugerir que la Corte se deja influir por presiones en lugar de actuar conforme a derecho, lo que resulta que es una clara presión pública de la mencionada Cámara sobre dicha Corte. 3. Hace una arriesgada valoración sobre las movilizaciones sociales guatemaltecas, afirmando que violan los derechos constitucionales y reclamando que, por tanto, sean disueltas por la autoridad de manera inmediata.

Esta respuesta de la Cámara, tan corta de miras como centrada en la seguridad y los aspectos económicos, es una cerrada defensa de las necesidades de inversión en el sector energético en Guatemala, sin consideración alguna a los valores en juego y a los potenciales y efectivos conflictos puestos de manifiesto entre las necesidades colectivas y los intereses particulares.

La primera Cámara de Comercio de España se creó hace más de 120 años. Para una parte importante de la ciudadanía española es una institución que proyecta la imagen pública del sector privado de nuestro país. Cuando opera en otros países, por ejemplo, en Guatemala, ese valor simbólico de voz colectiva del sector privado cobra aún más fuerza. Por ello sus comunicados públicos deben estar a la altura de un país con nuestros valores en el mundo internacional: hemos ratificado los principales convenios de la Organización Mundial del Trabajo, somos firmantes del Acuerdo de París para frenar el Cambio Climático, hemos asumido los principios de Ruggie sobre empresas y derechos humanos y tenemos la responsabilidad de ostentar una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Mas allá de esta responsabilidad sobre la imagen de España, la Cámara oficial de Comercio, como así lo recoge la Ley 4/2014 de 1 de abril, es una corporación de Derecho Público que representa y defiende los intereses generales del comercio, y que tiene carácter consultivo y de colaboración con las Administraciones Publicas. No es, pues, una institución que se limita a defender los intereses particulares de sus miembros o de su junta directiva, como otro tipo de entidades. Por el contrario, por su carácter público y sus finalidades, ha de integrar los valores constitucionales que inspiran a España y, sólo en este marco, orientarse a la promoción del interés general del comercio.

Hoy, es difícil comprender que ese interés general del comercio pueda siquiera presentarse como contrapuesto a la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos. Desde luego, no es lo que dicen nuestras leyes, ni los convenios internacionales de los que España es parte, ni el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial. Sin embargo, desgraciadamente, parece ser cierto que los intereses particulares de algunas empresas o grupos empresariales españoles consisten en intentar maximizar su beneficio a corto plazo por encima de toda otra consideración.

Afortunadamente, en el mundo se están produciendo importantes cambios en la orientación estratégica de algunas empresas líderes y en las políticas de algunos gobiernos. También a nivel internacional hay avances significativos, a juzgar por los pronunciamientos de instituciones como Naciones Unidas o la Unión Europea, pasando por la OCDE y el Banco Mundial. Hasta el Foro de Davos (Global Risks Report, 2017) nos ha advertido de que las principales amenazas para la estabilidad global son la desigualdad económica, la polarización social y los peligros medioambientales.

Por otro lado, en Guatemala el 59,3% de la población vive en la pobreza, porcentaje que sube al 80% en la zona de los quekchí; además, es el quinto país con mayor desigualdad de toda Latinoamérica y tiene elevados índices de violencia (15 asesinatos diarios en el último año). El país está señalado a nivel internacional por sus altos niveles de corrupción y violaciones de los derechos humanos: la resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero de 2017 no puede ser más expresiva y preocupante. Esta situación afecta profundamente a la comprensión y percepción del contexto del país y, forzosamente, ha de comprometer, también, la forma de hacer negocios en Guatemala. Si además hablamos de un sector como el hidroeléctrico donde se alteran cauces de ríos, cuando resulta limitado el acceso a la electricidad, pero también al agua, y la riqueza está concentrada, no valen las repuestas simplistas ni los comunicados de mera defensa corporativa.

Nuestra Cámara de Comercio en Guatemala no puede dar la imagen de que a los españoles no nos importan los derechos humanos o de que los que afectan a la industria, el comercio y la inversión son superiores a la dignidad de las personas y la preservación del patrimonio ambiental. Tiene que hablar desde el siglo XXI, porque España es un país que esta el siglo XXI.

Por todo ello, desde Alianza por la Solidaridad, como ONG implicada en el estado de derecho y la lucha por la igualdad, con acreditado trabajo en Guatemala desde hace años, reclamamos con firmeza una nueva actitud de la Cámara en este terreno.

Y de modo particular:

– Solicitamos que desde la Cámara de Comercio de España en Guatemala se contribuya a evitar los conflictos por la utilización de los recursos naturales, promoviendo ante las empresas el respeto a la legislación nacional e internacional que sostiene el Derecho de Consulta, con la convicción de que su respeto será una importante contribución a la legitimidad de muchos procesos económicos, inversiones incluidas.

– Pedimos que esta Cámara tenga un papel activo en la formación de las empresas españolas y en la implementación y aplicación de los Principios Ruggie, de acuerdo con las buenas prácticas ya existentes y las orientaciones públicas aprobadas en nuestro país.

– Expresamos nuestra convicción de que una visión más amplia y equilibrada del papel de la Cámara no impedirá el cumplimiento de sus funciones legales sino que contribuirá a su mayor eficacia y aceptación social, procurando que se olviden desafortunados comunicados como el del pasado febrero.

Ana Rosa Alcalde es la directora de Alianza por la Solidaridad.






https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226678

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