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Revolución bolivariana en la hora de los hornos: tensiones y definiciones


Francisco Marín

La coalición derechista interna busca desenlaces de fuerza con el apoyo de presidentes latinoamericanos, subordinados al régimen filo fascista de EEUU


Contraofensiva y asedio

Luego de resistir un 2016 signado por la embestida golpista y el asedio de las fuerzas coaligadas de las viejas clases explotadoras (internas y externas), atrincheradas en la Asamblea Nacional y en la estructura económica del país, la Revolución Bolivariana discurre el 2017 bajo los acordes de la Contraofensiva del gobierno revolucionario (dirigida a recuperar terreno perdido tras los golpes de las clases contrarrevolucionarias sobre el cuerpo económico, social y político del país) y la virulenta acometida contrarrevolucionaria.

Los ejes de esta contraofensiva, tal como lo ha señalado el Presidente Maduro en reiteradas oportunidades, se resumen en dos cuestiones fundamentales: garantizar la paz del país y apalancar su crecimiento económico a través de los motores productivos. Su consecución constituye, de por sí, un enorme desafío, signado por no menos enormes peligros, para el gobierno revolucionario, entre otros factores, porque se enmarcan en una etapa mundial caracterizada por el agravamiento de la crisis capitalista mundial, la exacerbación de las tensiones militares y la asunción de gobiernos de claro carácter fascista, como en los EEUU, que agudizan dichas tensiones empujándolas hacia desenlaces de guerra.

El desarrollo de los acontecimientos no hace más que confirmar la presencia de estas tendencias. En nuestra región estas se expresan en la conformación de un frente único de gobiernos derechistas (Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Argentina, Méjico, Costa Rica, Honduras, Guatemala) alineados tras el papel sedicioso del Secretario general del la OEA para derrocar a la Revolución Bolivariana y su gobierno. No por acaso, reputados ideólogos de la rancia oligarquía venezolana, ante el contraataque derechista, han afirmado sin ambages que “la batalla no se libra dentro de nuestros contornos sino en Washington, en el seno de la OEA”, añadiendo de seguidas que “El secretario general de la OEA ocupa ahora lugar prominente, tal vez el más estelar entre los adversarios del régimen, hasta el punto de opacar al resto de los ciudadanos que hacen el mismo trabajo en nuestros confines”. Una vez, pero ahora de manera singular, queda de manifiesto el carácter internacional de la agresión que se ejecuta contra la Venezuela Bolivariana y revolucionaria.

De ahí que el maestro de ceremonia de este concierto de instigadores de la violencia política y el terrorismo contra un país soberano, no se pare en mientes para vociferar que “Nuestra región no debe someterse a las amenazas que sus gobierno generan” (por aquello de “amenaza inusual y extraordinaria” no imaginamos), por tanto, añade, “no se puede convivir con un régimen que ha vaciado el contenido a las palabras democracia, derechos humanos, libertad, constitución, dialogo y paz”.

¿Quién en su sano juicio puede negar que tras las denuncias de golpe de Estado, tras las demandas de elecciones generales y de respeto a los Derechos Humanos, esgrimidas desde esa coalición reaccionaria, lo que se desarrolla contra Venezuela es la mayor ofensiva continental en 18 años de Revolución Bolivariana?

Las declaraciones del pasado jueves 6 de abril del almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de los EEUU, sosteniendo que: “…la creciente crisis humanitaria en Venezuela podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”, no es más que la certificación de la naturaleza de esta operación. La coalición derechista interna busca desenlaces de fuerza, ahora con el apoyo, no de ex presidentes devaluados y parlamentarios mercenarios en función de punta de lanza de la intromisión extrajera, sino de presidentes de gobiernos latinoamericanos, subordinadamente alineados a los dictados del Gobierno filo fascista de EEUU.

De tal suerte que, el gobierno de un país asediado (Venezuela) al que el Estado imperialista más poderoso y peligroso del mundo (EEUU) declara en 2015 (ratificándolo en 2016 y 2017) “una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad” y, en consecuencia, desde su Comando Sur somete a una permanente agresión en todos los planos para provocar su colapso, recomendando su jefe (apoyándose en las maniobras orquestadas desde la OEA por los gobiernos cipayos), una intervención regional sobre el mismo, hoy aparece en la palestra mundial como un régimen dictatorial insoportable, digno de ser derrocada por medio de la acción punitiva de las fuerzas democráticas del continente, para restablecer así un hilo constitucional que no solo la derecha en su conjunto denuncia como roto por la tiranía de Maduro, sino hasta la más pura y castiza “izquierda” democrática local. En este concierto de hienas, cabezas de regímenes democrático burgueses que se sostienen oprimiendo, explotando y asesinando a las masas populares (como en Colombia y Méjico y Argentina, exponentes por excelencia), está explícitamente delineada una condena de muerte, no ya contra el proceso Bolivariano, sino contra las masas explotadas del continente, dictada por el verdugo imperial: EEUU.

Menuda dictadura esa en la que los parlamentarios derechistas (MUD), a la par que denuncian golpe de Estado, celebran sus sesiones en la Asamblea Nacional para fijar acuerdos que justifiquen la sedición que encabezan; menuda dictadura esta de Maduro en la que el 80% de los medios de comunicación de masas (prensa escrita, radiodifusoras, televisoras, etc.) están concentradas en manos del capital privada, un correlato del poder que aún conserva la gran burguesía en la estructura económica del país.

Ha sido obvio que facilitar las condiciones para la ejecución de la condena que hay sobre el Gobierno y la Revolución Bolivariana ha sido y es, desde el primer día, la tarea de la Asamblea Nacional adeco burguesa. Por eso se conduce como cabeza de un gobierno paralelo que no responde otro mandato ni norma que la que provenga de quienes le sostienen directamente: la gran burguesía imperialista (yanqui en primer lugar). Por eso actúa como un poder “autónomo” frente al Estado Bolivariano -y enfrentado a él- propugnando su intervención a contrapelo de la propia Constitución que dicen defender, poniendo de relieve, con este proceder, la abyecta subordinación histórica de la oligarquía burguesa a los intereses del gran capital internacional. Es lo que explica, también, la total impunidad con la que actúa “ante la comunidad internacional”, a pesar de su largo historial criminal. Toda una cabeza de playa para la intervención, cuyo origen (elecciones democráticas) no hace sino poner en evidencia el carácter con el que esta derecha asume los procesos democráticos que la propia Revolución ha consagrado a través de grandes jornadas de lucha contra, precisamente, las resistencias de las decadentes Clases dominantes de la putrefacta sociedad capitalista, que hoy denuncian dictadura y totalitarismo, violación de derechos humanos, implorando por la libertad de sus sicarios.

¿Qué se supone ha debido hacer frente a esto el gobierno y las instituciones de la asediada República Bolivariana de Venezuela?

Con ocasión de los ejercicios cívico - militares de Defensa integral Zamora 200, realizados a comienzos de año, por orden del Presidente N. Maduro frente al mensaje contenido en el anuncio del presidente colombiano Juan M. Santos de los acuerdos del Estado Colombiano con la OTAN (con Obama renovando el Decreto imperial contra Venezuela), el Ministro de la Defensa General en Jefe V. Padrino López, trazó definiciones cardinales, al sostener: “La guerra es un asunto de Estado. Se asume desde el Estado y tiene que convertir su estructura económica y social al modelo de la guerra, ojalá esa guerra no llegue nunca”, acto seguido, señaló que, en caso de sufrir una ocupación militar extranjera, el gobierno revolucionario asumiría “el concepto de la guerra popular prolongada”, recalcando que el Plan de Defensa Integral Zamora 200 busca “enfrentar la naturaleza de la agresión que estamos sufriendo y estamos viviendo, pero también con la visión que tiene el imperio de acabar con Venezuela”.

La contraofensiva del gobierno venezolano está inscrita –y no puede dejar de estarlo- en un contexto de agresión y de guerra dictado por las fuerzas históricas de un sistema en crisis que, como en anteriores momentos en la historia mundial, se ve cada vez más compelido a apelar a la destrucción y a la Guerra como su último argumento. En esta lógica irracional supo identificar en su momento un gran revolucionario la mayor prueba de que ese sistema (Capitalismo) debía dar paso a otro más elevado, más humano y digno para los pueblos. La turbulencia de esta dinámica es la que hace que Venezuela hoy, a diferencia de las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, se encuentre en el ojo del huracán.

A la obligada y necesaria activación de los legítimos mecanismos de defensa Nacional por parte del Jefe de Estado venezolano (de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes) frente a la agresión que estamos sufriendo y viviendo, es a lo que la propaganda reaccionaria burguesa denomina dictadura y ruptura del hilo constitucional. Las sentencias (155 y 156) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenaban al Presidente de la República “tomar las medidas necesarias para evitar escenarios de conmoción social”, se inscriben dentro de tales mecanismos de defensa del Estado Nacional.

Completan el ardid derechista (en consonancia con la campaña internacional orquestada desde la OEA), con el expediente de la supuesta eliminación de las elecciones y la democracia, tergiversando lo que no es más que la aplicación soberana de normas legalmente establecidas en función de resguardar la integridad y transparencia de los procesos de elección popular (Renovación de Partidos Políticos), ante las complejísimas circunstancias que vive el país y, muy particularmente, ante el prontuario fraudulento de los representantes políticos de la oligarquía: en el 2016 pretendieron forzar la celebración del referéndum revocatorio saltando por alto las normas que rigen este tipo de procesos (vigentes desde 2007 y que nunca denunciaron de inconstitucional) y ahora apelan al recurso (inconstitucional) de “exigir” elecciones generales, evidenciando, por enésima vez, que para la derecha las elecciones solo son un pretexto para adelantar salidas absolutamente antidemocráticas.

Impasse

El episodio del llamado “impasse” entre la Fiscal general de la Republica y el TSJ, a raíz de las sentencias (155 y 156) de la Sala Constitución de este máximo Tribunal, refleja las tensiones políticas provocadas por la agudización de la lucha de clases en los marcos de las instituciones de un Estado que, aun cuando no es el oligárquico – burgués al servicio de las viejas clases dominantes, todavía está lejos de ser el Estado donde el pueblo trabajador ejerce directamente el poder, que la Constitución Bolivariana consagra.

Con la velocidad del rayo, la prensa ultraderechista inmediatamente tomó nota del acontecimiento y a través de un artículo de opinión lo definió como “Un giro sin precedentes en la crisis venezolana”, apuntan en su contenido tres elementos de interés: en primer lugar: equipara la conducta de la Fiscal con una “quiebra del blindaje del régimen”; en segundo lugar: valora el papel de la alta funcionaria, “si persiste en su actuación”, como “nueva interlocutora institucional para la búsqueda de soluciones al conflicto político en Venezuela”, dentro del “proceso que adelanta la OEA bajo la Carta Interamericana”; en tercer lugar: subraya la importancia de “cultivar esta tendencia como una oportunidad en medio de un proceso de transición que podría entrar en marcha” (ver Tendencias: Un giro sin precedentes en la crisis venezolana, El Nacional 02/04/2017).

A la luz de los acontecimientos desencadenados desde entonces (29-30 de marzo de 2017), tales como: el recrudecimiento de la injerencia externa y la violencia golpista interna, la activación la noche del 18 de abril del Plan de Defensa Cívico-Militar Zamora 200 por Maduro con la consiguiente desarticulación y neutralización de los planes de la derecha para el 19 de Abril, al compás de la movilización de las masas revolucionarias durante la conmemoración de la histórica fecha (”si el pueblo se arrecha se acaba la derecha” coreaba la inmensa concentración humana apostada en la avenida Bolívar de Caracas), y la escalada terrorista que le siguió, extendiéndose hasta hoy (con saldo fatal de 26 vidas perdidas); resulta contundente la conclusión respecto a las sentencias del TSJ, el carácter de la posición de la Fiscal General de la Republica (declarando la ruptura del hilo constitucional por las sentencias de marras) y la inmediata “solución” a este conflicto en los marcos del Consejo de Defensa de la Nación. A saber:

Tratándose de medidas de Estado (las Sentencias) dirigidas a precaver escenarios contrarios a la paz, estabilidad y soberanía del país, el impasse rebeló inconsistencias institucionales que la derecha ha sabido leer y aprovechar en función de sus planes.

Ni la declaración de la Fiscal General de ruptura del hilo constitucional, ni la solución acordada en el Consejo de Defensa de la Nación (convocado de urgencia por Maduro el mismo 29/03/17) sirvieron para conjurar la arremetida contra el país y sus instituciones por las fuerzas contrarrevolucionarias. Lo que, en un primer momento, contuvo a la derecha fueron las medidas de defensa adoptadas por el Jefe de Estado la noche del 18 de abril y la movilización decidida de las masas el 19 de Abril.

Queda la vista el encuadramiento de la Fiscal General en la acera del frente derechista con su declaración al margen de los canales regulares del Consejo Moral Republicano, sin la debida sustentación que una postura de esa naturaleza ameritaba frente a una instrucción impartida al Jefe de Estado por otro Poder estatal.

Nunca un silencio fue tan funesto y cómplice: Después de 28 días –y 26 ciudadanos fallecidos, innumerables destrozos y una atmósfera de terror en incremento- contados a partir de su denuncia de ruptura del hilo constitucional, la Fiscal compareció nuevamente ante el país (25/04/17), ahora para lamentar y condenar (cifras en mano) la violencia desatada, pero callando que tal violencia terrorista se ha llevado a cabo, precisamente, en nombre del restablecimiento del hilo constitucional que ella declaró como roto el 29/04/17. No hay manera de moderarlo: la conducta de la ciudadana Fiscal queda para la historia como una caricatura grotesca de la que fue la actuación del entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, durante las horas aciagas del golpe de Estado del Abril de 2002. No hay ni puede haber punto de comparación.

Dupla fatal: tanto este silencio, como las declaraciones de gobiernos extranjeros, instituciones y organismos internacionales (CIDH, Consejo Derechos Humanos, OEA, etc.) condenando la “represión de las protestas pacíficas por el gobierno de Maduro”, han obrado como manifestaciones de respaldo y estímulo del terrorismo fascista en nuestro país.

Pero en medio de la borrasca, el 25 de abril del corriente, el Presidente del TSJ, Maikel Moreno, se dirigió al país por medio de un comunicado en el que expresó, entre otras cosas: “Es necesario que el Estado y las autoridades competentes revisen la forma en cómo se han desarrollado las protestas de los últimos días, con el fin de evitar y prevenir la vulneración de derechos fundamentales y humanos, como la vida y la integridad personal (…) El derecho tiene límites y la protesta es un derecho relativo, no absoluto, que se anula por sí mismo cuando desencadena en violencia, por lo cual la manifestación es un mecanismo de libertad de expresión en el que su alcance de facultad se ve restringido cuando otros derechos constitucionalmente tutelados son amenazados o socavan su protección. (…) Los órganos del Sistema de Justicia no pueden ser inertes ante tales eventos, en consecuencia, el Poder Judicial condena los actos vandálicos que han sido promovidos por intereses oscuros y que desvirtúan el carácter constitucional de las manifestaciones, insta a que cese la hostilidad como mecanismo de expresión de las diferencias políticas e invita a los actores políticos a que utilicen el diálogo para dirimir diferencias.

En lo adelante - y con la notoria y publica implicación de connotados Diputados de ultraderecha en actos terroristas amparándose en la inmunidad parlamentaria - se pondrá a prueba el carácter del papel del Ministerio Publico ante el procesamiento de los responsables (intelectuales y materiales) de violencia. La impunidad, más allá de las dulces palabras de la Fiscal General, se convierte en un factor para la aparición y consolidación de grupos terroristas, como los que asolan Siria y han devastado a Libia e Irak, bajo la cobertura financiera y logística del gobierno estadounidense (con la complicidad de la “comunidad internacional” que hoy condena a Venezuela).

Salida electoral y escalada golpista

Superado uno de los momentos de mayor tensión (el 19 de Abril), el Presidente Nicolás Maduro, en su discurso ante la concentración en la avenida Bolívar, manifestó su disposición a resolver los conflictos con la derecha por la vía electoral y a través del diálogo, precisando, que todo ello dentro del marco Constitucional y legal venezolano. La réplica de la derecha no se hizo esperar, pero no provino de la MUD, sino del Secretario General OEA, quien, al día siguiente (20 Abril), sostuvo que: “la solución no son elecciones regionales (…) la solución pasa por elecciones generales (…) Nicolás Maduro tiene una responsabilidad directa en las muertes registradas en las manifestaciones recientes (…)”; dicho esto, terminó rematando con una línea de acción: “en Venezuela hay que entrar en una nueva fase, basada en los principios y procedimientos de la Carta Democrática Interamericana, así como en la presión interna e internacional que hagan al régimen responder (…) y para que deje su lugar a un Gobierno democrático”.

Es la línea que siguen los cipayos de la MUD dentro, que no cesan de decir que “las elecciones regionales no acabarán con las protestas”.

No son las elecciones contempladas en nuestro ordenamiento legal y Constitucional, ni mucho menos el diálogo o cualquier otro mecanismo realmente democrático que respete la soberanía y la autodeterminación Nacional, lo que aspira la derecha: quieren la salida de Maduro (y de la Revolución), en los mismos términos que lo hacen con el Presidente de la República árabe de Siria. Por eso, el imperialismo yanqui apela al recurso de imponer, a través de sus peones, a contrapelo de toda normativa internacional y nacional, unas supuestas elecciones generales a las que jamás cederá el Gobierno revolucionario venezolano ni las masas populares que lo respaldan.

La Contraofensiva revolucionaria ha sido sometida a dura prueba por la agudización de la lucha de clases: la Paz y la recuperación económica están en disputa ante fuerzas profundamente antidemocráticas y guerreristas.

Sortear el escenario electoral, una instancia democrática devenida en instrumento para legitimar de la violencia por las fuerzas protofascistas aglutinadas en la MUD, es un problema que, en rigor, no hace más que remitirnos a otro más abarcador y complejo: el de la “coexistencia” entre revolución y fascismo en los marcos de la forma Republicana (electoralismo, libertad de prensa, demagogia institucionalizada, etc.) en la que se desarrolla el proceso revolucionario. Desde esta perspectiva cobra especial entidad el problema del procesamiento judicial de los parlamentarios derechistas que, colocados al margen del ordenamiento legal establecido, se aprestan, sin embargo, a participar en las elecciones (para gobernadores y alcaldes); no para avanzar en la preservación de la paz y la democracia Bolivariana, sino en su empeño de destruirla, con el respaldo directo de gobiernos hostiles encabezados por EEUU. Maduro ha dicho que no teme a las elecciones y llama a prepararse para ellas, pero ha dejado planteada también la tarea de conseguir la fórmula, Constitucional y legal, para meter en cintura las tendencias violentas que anidan en la derecha.

La lucha de clases no discurre por los cauces formales y esquemáticos con los que cierta “izquierda” idealiza la Revolución, construyéndose una atalaya desde la cual, previendo los rigores que comporta el combate de los oprimidos contra los opresores, denunciar con suficiencia de doctor la negación de la Revolución en cada contradicción, en cada falencia y limitación que cruza a las fuerzas revolucionarias y al gobierno que sostienen; son problemas en verdad, pero imposibles de resolver sin asumir resueltamente, con honestidad y entereza, el lugar que las circunstancias exigen entre los que luchan a muerte contra los enemigos de la humanidad, a pesar de errores y limitaciones. La crítica conferida desde ese confortable visor, solo sirven para llevar aguas al molino de la derecha, vale decir, para servir a los intereses de los explotadores y a los asesinos de pueblos.

Almagro es un hombre de “izquierda”: proviene del Frente Amplio que gobierna Uruguay y fue Ministro de Pepe Mujica, quien, a su vez, lo presentó al gobierno venezolano bajo el rótulo de “buen hombre”, para ganar su voto a la Secretaria General de la OEA; refiriéndose a la Revolución Bolivariana, este pérfido personaje dijo hace poco que “No podemos llamar revolución a este régimen que subyuga a su pueblo, que no le permite tener una Asamblea Nacional libre”. No hay contradicción entre esto y la postura del Gobierno del Frente Amplio en Uruguay, cuyo presidente, ese buen hombre de izquierda que es Tabaré Vásquez, se ha sumado, con armas y bagajes, a la agresión contra Venezuela (y todavía espera que Maduro se retracte de sus justos señalamientos). Se trata, sin duda, de una izquierda democrática, ejemplar, digna de mejores aliados. Tal vez eso explique su desdén y saña contra el Gobierno venezolano.

Hace pocos días, Juan Manuel Santos, presidente colombiano, sentenció de forma enjundiosa una frase lapidaria sobre el proceso político venezolano: “la revolución fracasó”, dijo, como si de un intento de complementación de la frase de Almagro se tratara.

En nuestra Patria, también se entona esta sinfonía funesta, desde quienes diciéndose de izquierda suman sus voces a ese coro luctuoso con el que pretenden la simpatía de sectores vacilantes de la población para llevarlos a su propio degüello, bajo la engañifa de la construcción de una “nueva referencia de izquierda”.

Está claro: Al compa de tambores de guerra y de agresión imperialista, la izquierda en la región define su fisonomía política e ideológica. Lo propio sucede en Venezuela: entre la resuelta decisión de luchar hasta las últimas consecuencias por los intereses de los pueblos oprimidos, o la actitud vacilante que lleva a hacer cobardes gestos de buena conducta para merecer el beneplácito burlón de los dueños de la vida y la muerte en el planeta.

“PARA NOSOTROS LA PATRIA ES AMERICA”.
Simón Bolívar










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