Titulares

miércoles, 26 de abril de 2017

El Salvador en la arena del poder judicial


CELAG

I

Con cálculo electoral, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña se convirtió en la principal herramienta del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista-Arena en contra del gobierno nacional. Los magistrados de esa sala, con dudosas sentencias judiciales, han bloqueado cualquier intento del poder ejecutivo y del parlamento, de reglamentar las finanzas públicas destinadas a cubrir las políticas sociales y a cumplir con los compromisos fiscales establecidos en el presupuesto anual.

Con miras en las elecciones del 2018, los parlamentarios de Arena y los magistrados constitucionales de la corte siguen al pie de la letra una estrategia de bloqueo legislativo y judicial que consiste en negar la votación en el parlamento, donde cuentan con mayorías, y vetar decretos del poder ejecutivo para cercar al gobierno, dejándolo sin opciones para gestionar las finanzas estatales, destinadas a actualizar el sistema impositivo, y ampliar las fuentes de las finanzas públicas.

El poder de los magistrados de la Sala Constitucional pretende ser total. En el año 2016, anularon la elección de 84 parlamentarios suplentes, utilizando el insólito argumento de que éstos no habían sido elegidos directamente, aunque la constitución prevé la elección de suplentes en caso de faltar los diputados titulares. Ese violatorio fallo, contrario a la constitución, se realizó con el objetivo de reversar la decisión de emitir 900 millones de dólares en bonos del tesoro, aprobada en el Congreso con votos de algunos diputados suplentes del FMLN y otros partidos más chicos -con el permiso o petición de los diputados titulares- [1].

Una medida antidemocrática y con efectos políticos, impuesta contra el partido de gobierno y en general contra el desarrollo de los planes de desarrollo del país. El poder judicial está llevando hasta los límites la estabilidad política lograda, con mucha dificultad, tras los acuerdos de paz hace dos décadas. El gobierno nacional y el FMLN, tuvieron que aceptar tamaña desproporción judicial para no generar un choque de poderes que seguro hubiera sido rechazado, a favor de la derecha, por actores internacionales afines a Arena, como el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La estrategia de bloqueo realizada en los últimos cuatro años por la sala constitucional ha impedido recaudar al Estado 1400 millones de dólares, generando como efecto el impago de algunas obligaciones fiscales desde el 2015 [2]. Un hecho que puede argumentar una muy probable hipótesis: el poder judicial y Arena están tratando de llevar al Estado al default o impago de compromisos de deuda, con propósitos electorales. Tratan de mostrar una mala gestión gubernamental del FMLN para posicionarse luego como la “alternativa” o la salvación del país, por cuanto prevén que de triunfar en su estrategia el gobierno no podrá garantizar los pagos de deuda y el déficit fiscal aumentará.

II

El discurso de Arena para justificar el bloqueo judicial y parlamentario, está orientado a exigir un inmediato ajuste fiscal, salida neoliberal que el FMLN no está dispuesto a seguir porque implicaría destruir los avances en materia de distribución de la riqueza logrados en su gobierno. Las opciones son pocas y el tiempo apremia, el equipo de gobierno está a contrarreloj consiguiendo alternativas políticas y económicas que le destraben los recursos destinados al pago de la deuda y a la vez enfrentar el histórico déficit fiscal del país, que en el 2016 llegó al 3,1%, equivalente a 863,6 millones de dólares [3].

La tensión va en aumento. En la primera semana de abril, los parlamentarios de Arena se negaron nuevamente a votar la emisión de 280 millones de dólares en bonos destinados a cubrir algunas necesidades estatales y facilitar el pago de Certificados de InversiónPrevisional-CPI a las aseguradoras de fondos de pensión-AFP. Ante el recurrente rechazo de Arena, el gobierno se vio obligado a no realizar el pago correspondiente a marzo y presionar una negociación en el Congreso orientada a lograr los votos necesarios para la emisión de los bonos. Una medida fuerte de presión, aunque osada.

La decisión gubernamental tuvo impactos internacionales. Las aseguradoras de riesgo internacional -Fitch Ratings y Standard & Poor’s-, bajaron la calificación crediticia del país a default restringido , un paso previo para declarar al país en default [4]; la prensa internacional y la derecha salvadoreña registraron el hecho como un fracaso del actual gobierno [5]; una aseveración desmentida por el gobierno y parlamentarios oficialistas, quienes señalaron estar pagando a tiempo los servicios de las deudas contraídas por los sucesivos gobiernos de Arena, al tiempo de buscar soluciones de fondo (económicas e institucionales) que mantengan el modelo de justicia social emprendido por el FMLN.

El Salvador tiene problemas fiscales anteriores a las gestiones gubernamentales del actual gobierno: el mayor volumen de deuda fue adquirida por las gestiones de Arena, en los 20 años consecutivos de hegemonía conservadora (1989-2009) durante los que se desarrolló una política económica neoliberal sin proyecto productivo y con grandes problemas de institucionalidad, que provocaron un alto endeudamiento público, problemas de política fiscal, pobreza, desigualdad y compromisos injustos con capitales privados para el rentable negocio de los fondos pensionales [6].

Desde el gobierno se trata de bajar el nivel del problema, Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, explica que el país dispone de los mecanismos financieros necesarios para el pago de la obligación correspondiente con los CIP, aunque a raíz de la negativa de Arena no cuentan con la asignación presupuestaria que permita realizar el pago, también indica que el sistema financiero salvadoreño es sólido, pero tiene un problema de liquidez que debe resolverse mediante un acuerdo político [7].

III

Es evidente que el país centroamericano tiene dificultades institucionales para resolver los problemas propios de la gestión de gobierno, con un poder judicial politizado, y tiene una derecha pensando en los negocios y no en las necesidades nacionales. Las estrategias del partido Arena y de la Sala Constitucional para bloquear la liquidez estatal, están pensadas en clave electoral y son des-estabilizadoras y anti-democráticas. Muy pocos se indignan, no son un problema ni para la OEA, ni para su secretario Almagro, lo cual de paso muestra el doble rasero o la doble moral de la derecha continental para medir las acciones de la “democracia”.

El problema económico está siendo utilizado por la derecha para promover su paquete de medidas neoliberales, apoyado por los Estados Unidos, pues a través de su embajadora en San Salvador, Jean Manes –bastante conocida en el cono sur-, ha instado a los partidos políticos enfrentados, a lograr un “acuerdo fiscal de fondo”, similar a la postura del conservador Partido Arena [8]. Las derechas salvadoreñas no permiten cambiar los asuntos centrales que están por resolver: el modelo de la deuda externa, la estructura del modelo económico neoliberal, una estructura tributaria que resuelva de fondo la liquidez gubernamental y construir un modelo productivo que genere y distribuya riqueza.

Los desafíos del FMLN son encontrar una alternativa económica que le cambie definitivamente el rumbo al país, y construir una mayoría social y política que le permita realizar los cambios sistémicos en la economía; y quizás, dar un paso más profundizando los lazos políticos y económicos con sectores contra-hegemónicos como Petro-caribe, el ALBA y algunos países de los BRICS. Mientras tanto la situación de El Salvador es volátil y está enmarcada en la ofensiva conservadora que sufre la región.


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