Titulares

sábado, 8 de abril de 2017

“El proceso de paz en Colombia peligra por falta de voluntad del gobierno y por la creciente actividad paramilitar”


Conclusiones de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos


Comunicado de la delegación valenciana desplazada a Colombia para desarrollar tareas de observación en materia de derechos humanos, entre el 16 de marzo y el 1 de abril; dentro de una iniciativa de europea.


El proceso de paz peligra por la falta de voluntad del Gobierno para cumplir lo pactado y por la creciente actividad de los grupos paramilitares en los territorios de donde salió la guerrilla de las FARC. Esta es la principal conclusión de la Comisión Europea de Verificación de los Derechos Humanos, integrada por 40 cargos institucionales y representantes de organizaciones sociales de Alemania, Bélgica, Italia y España, que recorrió el país entre el 16 de marzo y el 1 de abril. 
La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CVSC) fue una de las entidades promotoras y organizó el desplazamiento de la delegación valenciana, integrada por las diputadas Isaura Navarro, Marian Campello, Cristina Cabedo, el concejal Roberto Jaramillo, Javier Moya (CVSC) y Marco Antonio Llerena (CVSC). La labor de observación consistió en la realización de múltiples reuniones con organismos institucionales, organismos eclesiásticos, plataformas de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de acompañamiento internacional, plataformas de mujeres, así como con gestores de paz de FARC y ELN. También se visitaron una de las zonas de concentración de la guerrilla en su proceso de dejación de armas y la comunidad de paz de San José de Apartadó, una población campesina que hace 20 años decidió resistir frente a la guerra no colaborando con ningún grupo armado. 
En primer lugar, la Comisión quiere expresar su satisfacción por el proceso de paz, que también ha supuesto el inicio de los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Sin embargo, sus integrantes observaron varios hechos que suponen un grave riesgo para el futuro del proceso de paz: 

1. Incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos
 
-Sólo se han tramitado 4 de las 40 leyes o reformas legislativas acordadas, y las aprobadas, como la ley de amnistía para los presos vinculados a las FARC, no están siendo cumplidas. 

-Limitaciones a la actuación de Naciones Unidas, que únicamente monitorea el cese de hostilidades y el proceso de entrega de armas en lugar de constituir una misión de paz, con un carácter más integral, que incluya la verificación en materia de Derechos Humanos. 

-Pésimas condiciones de habitabilidad en las zonas donde se encuentra la guerrilla de las FARC concentrada en su proceso de dejación de armas. En el área que visitó la Comisión, sólo se había empezado a construir 4 de las 30 casas acordadas para acoger a los guerrilleros, no hay médicos y los servicios de energía y agua potable funcionan de forma muy deficiente. 

-Falta de condiciones de seguridad para las y los excombatientes en las zonas de concentración y no se ha establecido dispositivos concretos para su protección para cuando abandonen estos lugares. 

-Falta de voluntad gubernamental para avanzar en los diálogos con el ELN y para asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso. 

2. Creciente presencia paramilitar en amplias zonas del país 

-Tanto en las reuniones que tuvo la Comisión con organizaciones sociales, como en la visita a la comunidad de paz de San José de Apartadó, como en el encuentro con autoridades del Urabá, se informó de la grave amenaza que representan los grupos paramilitares para la integridad física de los líderes sociales y la continuidad de las propias comunidades.

-Sin embargo, el Gobierno califica a los paramilitares como “grupos armados organizados”, sin enfrentar el problema en sus dimensiones reales, e incumple el apartado 3.4 de los Acuerdos de Paz que contempla el desmantelamiento del paramilitarismo. 

-La comunidad de paz ha sufrido más de 300 asesinatos en toda su historia. En los últimos meses, se ha incrementado la violencia en contra de sus integrantes -88 agresiones desde septiembre- mientras el Ejército no combate a los paramilitares. 

3. Incremento de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos
 
-El informe anual de Naciones Unidas recoge un total de 127 líderes sociales asesinados en el 2016 y 389 más sufrieron ataques. Cifras similares se mantienen en el primer trimestre del 2017. Resulta paradójico que mientras se reducen al máximo las muertes derivadas de la confrontación armada, la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales se recrudece a niveles no vistos hace 10 años. 

-Mientras tanto el Gobierno asegura que “no hay indicios de que esta serie de asesinatos sea sistemática”. Esas manifestaciones recuerdan trágicamente las que hacían los gobiernos de turno durante el exterminio de la Unión Patriótica, los cuales también calificaban esas muertes como “hechos aislados”, a pesar de que 5.000 miembros de este partido fueron asesinados.

-La Fiscalía General lleva a cabo una campaña de judicialización de la protesta social, persiguiendo a líderes sociales y comunidades. Durante la estancia de la Comisión en el país se produjeron al menos 9 detenciones y se tuvo constancia de un total de 31 ordenes de captura contra líderes sociales. A los líderes sociales detenidos se les sigue acusando de rebelión o de terrorismo, con el mismo tratamiento que los miembros de las guerrillas. 

-Continúa la persecución contra la actividad sindical. Desde la década de los ochenta ha habido más de 4.000 líderes sindicales asesinados, cientos de sindicatos cerrados y miles de afiliados desplazados. Hechos todos que han quedado en la total impunidad. 

4. Debilitamiento del papel de la comunidad internacional
 
-La Comisión está convencida de que un factor importante para el éxito del proceso de paz será el apoyo y acompañamiento que esté dispuesta a brindarle la comunidad internacional, en especial en el papel de vigilancia del cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, se transmitió la percepción de que el interés que existía durante los diálogos de La Habana, parecería haber decaído después de la firma de los acuerdos. 

-La Comisión fue informada de la tendencia de las agencias de cooperación a canalizar gran parte de los fondos hacia el propio Gobierno colombiano. Preocupa que esto sea así cuando se ha demostrado repetidas veces la menor eficiencia de esta vía a la hora de obtener resultados palpables para la población, y cuando, además, son precisamente las organizaciones sociales y las comunidades las que están llamadas a ser los verdaderos agentes de la construcción de la paz. 

-La Comisión considera que es necesario un mayor control de la comunidad internacional sobre la actuación de las empresas europeas y de otros países que tienen intereses en Colombia y que, demasiado a menudo, se convierten en generadores de violencia y expolio. Los gobiernos europeos deben asumir su responsabilidad sobre estas actuaciones y ejercer una tarea de observación de las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de sus respectivas empresas. 

-Resulta tristemente llamativo el nulo papel que ha jugado el Gobierno de España en el proceso de paz. Tampoco está demostrando mucho interés en acompañar a las víctimas, como lo demuestra el hecho de que no estuviera ningún español en la nutrida representación diplomática que hubo en el aniversario de la comunidad de paz de San José de Apartadó.

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=225057

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