Titulares

miércoles, 19 de abril de 2017

Cuba o la voluntad política


Trata de personas


En un mundo en que, de acuerdo con análisis de crédito, el tráfico de seres de uno y otro sexos mueve más de 30 000 millones de euros al año, a nadie de buena fe sorprenderán las aseveraciones vertidas el 14 de abril, en conferencia de prensa al término de una visita oficial de cuatro días a la Isla, por la relatora especial de las Naciones Unidas para la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro: “He sido testigo de la voluntad política del Estado cubano para combatir la trata de personas. Observé buenas prácticas y el interés de las autoridades por fortalecerlas”.

Lógico. El Estado siempre ha mantenido un alto compromiso con la sociedad en frentes que contribuyen a coartar el sórdido tráfago: los gratuitos y universales educación, salud y seguridad social; el deporte y la cultura, lo que se consigue con una labor intensa de las instituciones, la comunidad y la familia. Cuba cuenta con una serie de instrumentos legales que permiten anticiparse al fenómeno, y a otras conductas asociadas, como el proxenetismo, la prostitución, la pornografía.

El Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas (período 2017-2020), entregado a la enviada de la ONU, que exaltó el enfoque multidiscipliario, constituye prueba fehaciente del empeño en cumplir con el Protocolo de Palermo al respecto, al cual nuestro país se integró el 20 de junio de 2013.

Por esta razón, la Isla presenta cada doce meses informes en donde quedan reflejadas las actividades contra un mal con poca expresión en suelo patrio. Conforme al Minrex, solamente se han juzgado y reportado anualmente entre nueve y 13 casos domésticos -por corrupción de menores y proxenetismo-. Asimismo, “no han estado asociados a redes criminales, sino que se encuentran en el marco familiar, con excepción de casos de víctimas cubanas que se encuentran en el exterior”.

Agreguemos que durante el 2015 “28 mujeres víctimas de trata regresaron a nuestro país, mientras que las autoridades cubanas cooperaron en otros 37 casos con autoridades foráneas. Todo este trabajo de prevención y enfrentamiento se logra además gracias a la colaboración de instituciones como la Fiscalía General de la República y los ministerios de Justicia, del Interior, de Educación, Educación Superior, de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y de Relaciones Exteriores. También colaboran la Federación de Mujeres Cubanas y el Centro Nacional de Educación Sexual”. Una concertación de energías.

Concertación que, a ojos vista, impresionó positivamente a la alta funcionaria de la ONU, quien reconoció lo planteado por sus anfitriones: “En Cuba, las personas cuentan con un alto nivel de educación, conocen sus derechos, tienen un sistema de Salud que asiste, con profesionales altamente calificados, a todo el que tenga un padecimiento, lo cual reduce las vulnerabilidades ante este delito, del cual ningún país está inmune”.

Y precisamente el hecho de proclamar que nadie queda exento dio pie a los grandes medios para subrayar lo que en la comparecencia de Giammarinaro resultó rauda mención: Cuba todavía tiene que hacer, teniendo en cuenta a aquellos que arriesgaban la vida y eran objeto de desalmados negociantes en su intento por arribar, por mar y tierra, a los Estados Unidos, estimulados por los beneficios migratorios que les concedía Washington. Sin embargo, sin ofrecer cifras, la oradora dijo haber sido informada de que “ha habido un decrecimiento” del número de quienes se lanzan en peligrosas travesías para llegar a Estados Unidos ahora que son deportados por falta de visa. Hecho que aplaudió tácitamente, al sentenciar que cualquier medida para hacer “la migración más segura y regular es una herramienta preventiva” contra el tráfico.

Resumió que, en el caso del territorio caribeño, existen “tres áreas de preocupación”: los hechos de abuso sexual de niños en el entorno familiar, la migración irregular y “los jóvenes que migran con contratos de trabajo aparentemente legales y que son víctimas de explotación”. Entre las buenas prácticas señaló que el cuantioso número de trabajadores sociales coadyuva a intervenir ante cualquier riesgo, la protección a menores en los procesos penales y el que se incorpore la trata a los acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales.

Sin duda el plan de acción “es un punto de partida, el real desafío es la implementación”, acotó, para luego insistir en algo que, se sabe, deviene propósito y ejecución en proceso del gobierno: la adecuación del marco legal a los estándares internacionales del combate contra la trata de personas, así como la definición de protocolos para identificar y asistir a las víctimas.

De medios y verdades

Los emporios mediáticos deben de haberse quedado escaldados por el aluvión de juicios positivos de la Relatora –tal vez por eso la noticia no ha contado con amplio destaque en los predios de Falsimedia-, quien consideró categóricamente que “el Plan de Acción Nacional para enfrentar ese problema satisface las normas internacionales y garantiza el trabajo coordinado del Gobierno, sus instituciones y la sociedad, en correspondencia con la Convención de Palermo sobre Crimen Organizado Transnacional y de su Protocolo sobre Trata de Personas”.

Algunas de las recomendaciones que deja la italiana Giammarinaro, con más de 20 años de experiencia en el ámbito del foro, son la consideración de extender hasta los 18 años el rango de edad para amparar legislativamente a los niños, así como normalizar la trata como un tipo jurídico único, deslindándola del proxenetismo, pues “también se incurre en ella cuando la persona es explotada laboralmente, mediante el uso de coerción”. Comentó que le comunicaron que todos los ciudadanos objeto de trata y proxenetismo reciben asistencia y protección, “al igual que los casos de jóvenes explotados en el extranjero que regresan a Cuba y reciben ayuda para reintegrarse al empleo y la sociedad”.

Absteniéndose de evaluaciones y comparaciones con el resto del orbe, “porque cada país tiene su situación”, sí estimó que acá los factores de vulnerabilidad resultan menos importantes, en relación con la miseria y la desprotección social.

Como bien coinciden los periodistas nacionales, la Relatora remarcó fortalezas que abarcan los avances en pos de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. Además, calificó de positivo que la prostitución no esté estipulada como un delito en el Código Penal, ya que ello propicia que los infractores no teman sanciones y estén dispuestos a salir de su situación sin tener que enfrentar cargos.

Dentro de su denso programa de actividades, la representante de la ONU quedó gratamente impresionada con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), cuyos especialistas impulsan iniciativas “interesantes y muy modernas”. En ese sentido, aludió a la estrategia con la comunidad LGBTI.

Durante su estancia, la funcionaria se reunió con autoridades como el presidente de la Asamblea Nacional, la titular de Justicia, el fiscal general, el canciller, quienes le ratificaron la política contra cualquier manifestación del fenómeno que convoca. Asimismo, dialogó con miembros de organizaciones y de la sociedad civil, y justipreció sin cortapisas la habilidad del Estado cubano para combatir el delito, la “cero tolerancia”, mediante su sistema social; se refirió a la gran tarea de la Federación de Mujeres Cubanas y su visión en la equidad de género. A las misiones médicas internacionalistas las calificó de buen ejemplo, al operar en zonas remotas sin asistencia hospitalaria disponible.

Asimismo, recalcó que los pocos casos de jóvenes objetos de la trata en el exterior han recibido ayuda y protección tras su retorno. Temas apenas insinuados por los heraldos del capital financiero, que tampoco plasmaron la convicción de Gianmarinaro de que su estancia ha significado un punto de partida para un diálogo provechoso con otros directivos del sistema de las Naciones Unidas.







https://www.rebelion.org/noticia.php?id=225547


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